Matrimonio de Conveniencia: la nacionalidad no impide investigarlo
Matrimonio de conveniencia: obtener la nacionalidad no impide investigarlo años después
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 4 de junio de 2026 (asunto C-560/24, Besthame), concluye que los Estados miembros pueden investigar y declarar la existencia de un matrimonio de conveniencia incluso cuando la persona afectada ya ha adquirido la nacionalidad del Estado de acogida. La obtención de la nacionalidad no impide examinar si los derechos de residencia disfrutados antes se consiguieron de forma legítima. AIA Serveis Jurídics analiza sus claves.
Un caso que quizás reconozcas
Es una creencia muy extendida entre quienes obtuvieron su residencia a través de un matrimonio con un ciudadano de la Unión: una vez conseguida la nacionalidad, el camino anterior queda cerrado y nadie puede volver a mirar cómo se logró. La sentencia del TJUE demuestra que no es así. Y conviene saberlo tanto si ese matrimonio fue real, para conservar bien las pruebas, como si alguien se plantea construir su situación sobre una simulación.
El caso de origen
Un nacional de un país tercero llegó a Irlanda como estudiante. Poco antes de que expirara su permiso de residencia, contrajo matrimonio con una ciudadana de la Unión que había ejercido su derecho a la libre circulación. Ese matrimonio le permitió obtener un permiso de residencia como familiar de una ciudadana europea y, en 2015, la nacionalidad irlandesa.
Las autoridades irlandesas sospecharon después que se trataba de un matrimonio de conveniencia y que los derechos de residencia se habían obtenido de forma fraudulenta, por lo que constataron fraude y abuso de derecho y consideraron que los derechos derivados de la Directiva de libre circulación debían retirarse. El afectado recurrió alegando que, al ser ya nacional irlandés, no estaba sometido al régimen de esa Directiva. La Court of Appeal irlandesa planteó la cuestión al TJUE.
Qué dice realmente la sentencia
La Directiva alcanza también a situaciones pasadas. El Tribunal recuerda que la Directiva 2004/38/CE no regula, en principio, la situación de quien ya ha adquirido la nacionalidad del Estado de acogida, cuya estancia se rige entonces por el Derecho nacional. Pero esa persona puede seguir sujeta a determinadas disposiciones de la Directiva respecto del período en que se benefició de ella. Entre ellas, su artículo 35, que permite a los Estados denegar, extinguir o retirar derechos en caso de abuso de derecho o fraude, como los matrimonios de conveniencia. Una interpretación contraria comprometería la lucha contra estas prácticas, que además se detectan con frecuencia de forma tardía. Puedes consultar el texto completo de la sentencia en español.
Investigar y constatar no es lo mismo que sancionar. Uno de los matices más relevantes es que constatar el fraude puede hacerse de forma independiente a las consecuencias que de él se deriven. Un Estado puede investigar y declarar que hubo un matrimonio de conveniencia sin tener que adoptar de inmediato una medida que afecte a los derechos de la persona.
Los límites: proporcionalidad y garantías procesales. Esa facultad debe ejercerse respetando el principio de proporcionalidad y las garantías procesales. Y las consecuencias posteriores, incluida la privación de la nacionalidad y, con ella, de la condición de ciudadano de la Unión, solo son posibles si se cumplen los requisitos que establece el Derecho de la Unión. La sentencia refuerza la capacidad de los Estados para actuar frente al fraude, pero no les da un cheque en blanco.
Qué implica en España. El ordenamiento español ya contempla una consecuencia de este tipo: el artículo 25.2 del Código Civil prevé que la sentencia firme que declare falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de esa adquisición. La resolución del TJUE refuerza el marco europeo en el que se apoyan este tipo de actuaciones y confirma que el paso del tiempo o la naturalización no cierran por sí solos la vía de la investigación.
Qué significa esto para ti
La nacionalidad no convalida lo que nació viciado. Los derechos de residencia obtenidos mediante fraude no se purifican con el tiempo ni con la naturalización posterior.
Investigar no equivale a sancionar. El Estado puede constatar el fraude primero, y cualquier consecuencia posterior debe ser proporcionada y respetar garantías procesales.
Quien actuó de buena fe tiene protección. La seguridad jurídica ampara a quien construyó su situación sobre un vínculo real, no sobre una simulación.
Conviene conservar la documentación. Revisar con cuidado la que acredita la realidad del vínculo es importante, porque su valor probatorio puede examinarse años después.
Si te encuentras en una situación similar, en AIA Serveis Jurídics podemos estudiar tu caso de forma confidencial. Escríbenos a través de nuestro formulario de contacto o llámanos al 601 164 703.
Obtener la nacionalidad no blinda un matrimonio de conveniencia: los Estados pueden investigarlo años después, aunque con proporcionalidad y garantías. Conservar pruebas de que el vínculo fue real es la mejor defensa si alguien lo cuestiona.

